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La Policía bonaerense no desaloja a la Tupac Amaru de una fábrica tomada en Wilde

 LA DERECHA DIARIO

 LA DERECHA DIARIO



Hace varias semanas desde La Derecha Diario venimos siguiendo un caso insólito en la Provincia de Buenos Aires que demuestra el nivel de incompetencia, corrupción y Estado fallido en el que se vive en la Argentina.


A través de los abogados Samuel y Julián Azar hemos podido enterarnos de las internas de una toma de una fábrica en la localidad de Wilde por parte de grupos piqueteros de extrema izquierda amparados por la Tupac Amaru.


En Wilde, el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Avellaneda promueven y amparan el obrar ilícito de un grupo de piqueteros. Estamos hablando, por supuesto, de la Cooperativa Textil Nueva Generación.


Este grupo de poder, que ha ocupado ilegalmente la propiedad ajena, recibe todo tipo de favores políticos. Subsidios millonarios, leyes de expropiación modeladas a su favor y un lugar privilegiado en la prensa dependiente del Estado.


A continuación, los detalles de este impresionante caso relatado por los abogados Azar, que la política y los medios cómplices han querido ocultar.


La usurpación ilegal del inmueble ajeno

Esta historia comienza con la comisión de un delito. En el año 2005, el propietario de un galpón grande de uso industrial se encontró con que su inmueble había sido usurpado por un grupito de cartoneros. Creyendo en la protección de la ley, denunció el hecho ante la policía, sin sospechar lo que le esperaba.


El proceso penal resultó ser kafkiano. El fiscal dejó pasar el tiempo con inútiles investigaciones hasta que, al grupo de usurpadores originarios, lo continuó una banda comandada por Alicia Gutiérrez, una puntera política alineada a la Tupac Amaru y al kirchnerismo.


El nacimiento de una cooperativa, con el fin de usurpar la propiedad ajena

Alicia Gutiérrez se presentó en la causa penal exhibiendo documentación falsificada. Con eso pretendía adjudicarse una falsa compra, con falsas firmas y falsos nombres ficticios. Una picardía suficiente para congelar a la Justicia penal de la Provincia, hasta que se decretó el final de la acción penal por prescripción.


En el interín, en 2008, la usurpadora Alicia Gutiérrez formó una Cooperativa de Trabajo llamada “Nueva Generación”, financiada por el Estado con el tipo de planes generosos que le brinda a piqueteros y a otros grupos afines.


Subsidios y vínculos con el poder político

Estos subsidios fueron otorgados gracias al poder de lobby que goza la Cooperativa Nueva Generación. Alicia Gutiérrez logró estrechar lazos con el kirchnerismo, de la mano de Alicia Kirchner, con la Tupac Amaru de Milagros Sala y con la Intendencia de Avellaneda, por entonces a cargo de Jorge Ferraresi.


Con esa chapa de impunidad que brinda la política, los ocupas consiguieron privilegios tales como la exención de pago de impuestos municipales y subsidios nacionales para conseguir maquinarias y provisiones. También accedieron a contactos con otras “organizaciones sociales” para proveerles pecheras y banderas para sus piquetes y marchas.


Obviamente, siempre con el dinero de los impuestos del contribuyente. El dinero público al servicio del interés privado de estos grupos de poder.

El juicio de desalojo

En el año 2011 un nuevo propietario, con nuevo abogado, inició demanda de desalojo en el Juzgado Civil N°1 de Avellaneda, a cargo del Dr. Pablo Ernesto Bocaccia.


La acción se desarrolló con normalidad. Abierta la instancia a prueba, se demostró la falsedad de la documentación de la usurpadora Alicia Gutiérrez. En el expediente se acreditó la ilegitimidad de la ocupación, de modo contundente.


Así, en el año 2013, el derecho de propiedad privada estaba a punto de recibir un espaldarazo, en la inminente sentencia que haría lugar al desalojo. Sin embargo, el poder político no tenía intenciones de respetar este derecho.


Una Ley de Expropiación para favorecer a los usurpadores

Sorpresivamente, en ese momento, se dictó la Ley Provincial N° 14511, aprobada por la Legislatura un 3 de junio del 2013. Esta ley declaró un supuesto interés público para expropiar al propietario y darle el inmueble a los usurpadores, en virtud de una supuesta tarea social que estaría cumpliendo la cooperativa que formaron.


Esto sin advertir que su actividad se fundaba en el delito inicial de apropiación de un inmueble ajeno, más la abultada financiación del Estado.


En otras palabras, un delirio de gasto público puesto en favor del interés particular de un grupo de piqueteros, que ocultan su falta de auto-sustentación en la tapadera de un relato ideológico romantizado, que tan buena prensa recibe entre nuestros medios y entre nuestros políticos.


Dicha ley logró su cometido, que no era expropiar, sino tan sólo suspender el desalojo por cinco largos años. Esa ley fue promovida y votada por la totalidad del cuerpo legislativo provincial.


Una muestra descarada del modo en que el kirchnerismo y la oposición desprecian el derecho de propiedad privada, y fomentan el pobrismo clientelar que crece y sostiene la enorme burocracia estatal.


La confiscación como estrategia política

Esa ley representa un modus operandi de la Provincia de Buenos Aires. Hay decenas de normas similares que favorecen a usurpadores en perjuicio de los legítimos propietarios, que se ven paralizados frente al avance del Estado interventor. Se le impide al propietario el uso y goce de su propiedad y, al mismo tiempo, se lo persigue con el cobro de impuestos que nunca cesan.


El fin último de esta estrategia es lograr la expropiación sin pagarle un centavo al propietario. La estrategia es “compensar” el pago de la expropiación, con la deuda que se le generó por impuestos al pobre y violado propietario. En pocas palabras, una confiscación, esa misma confiscación que está expresamente prohibida en la Constitución Nacional.


La propiedad así confiscada, luego va a parar a manos de grupos de poder político, siempre disimulados bajo el disfraz de organizaciones sociales. Siempre comandados por un par de vivos que satisfacen su interés egoísta, como Alicia Gutiérrez en nuestro caso.


Una peligrosa especulación política

La llegada de Cambiemos a la Provincia tampoco generó ningún cambio a esta situación. En más de una oportunidad, los voceros del Poder Ejecutivo, ligados a la ex ministra Carolina Stanley, han dicho respecto a la expropiación de tierras privadas, que “el Gobierno no espera que haya problemas con los propietarios, principalmente porque son asentamientos ocupados hace varios años (algunos desde antes del 2000) y que muchos ya los dan por perdidos”.


Esto quedó plasmado en una visita de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, la senadora Gladys González y la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley a la fábrica tomada, donde se abrazaron con los usurpadores e incluso les prometieron nuevos subisidios.


El ciudadano que se opuso a la confiscación de su propiedad

La Provincia de Buenos Aires no logró consumar la confiscación porque el propietario se empecinó en defender sus derechos. Aún cuando sufrió el expolio de sus bolsillos, enflaquecidos por el pago de impuestos, este hombre se empeñó en luchar contra el avance de los ocupantes y su complicidad con el Estado.


Mientras tanto vio fracasar sus planes de negocios. Se fundió el taller que iba a instalar en su propiedad de Wilde. Esto significó la muerte del esfuerzo industrial de dos generaciones, que daba trabajo real a varios empleados. Familias que quedaron sin ingresos genuinos, mientras los políticos decían defender las fuentes de trabajo de una cooperativa que vive de fondos públicos.


Tras 5 años de dolor y paciencia, venció el plazo de la Ley 14.511 y se reanudó el proceso de desalojo. Finalmente, el día 15 de febrero de 2019, se dictó sentencia condenatoria contra la Cooperativa Nueva Generación y contra todo y cualquier otro ocupante que se hallare en el predio objeto de la acción.


La sentencia fue confirmada por la Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora y por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.


Para sorpresa de nadie: Un desalojo frustrado

Así llegó el ansiado momento de ejecutar el desalojo. Luego de una cuarentena que terminó de arruinar al propietario del inmueble, el juez Pablo Ernesto Bocaccia ordenó el lanzamiento, que se programó para 18 de octubre del 2021.


Para esa fecha, el Oficial de Justicia había acordado con la ocupante Alicia Gutiérrez un desalojo pacífico. Sin embargo, Gutiérrez decidió incumplir con su palabra, recibiendo al Oficial y a los autorizados con una patota de más de 50 personas que resistieron con amenazas la desocupación.


La desmedida hostilidad de los ocupantes ilegítimos obligó a la policía a organizar un operativo con multitud de efectivos, previsión de ambulancias y de organismos de minoridad. Más gasto público, a cargo del Estado.


Y más gasto privado, a cargo del dueño de la propiedad, que debió desembolsar una verdadera fortuna para proveer a los ocupantes de fletes y depósitos, para cuidarle sus pertenencias. No obstante, la medida se vio frustrada nuevamente por la política.


Mientras tanto vio fracasar sus planes de negocios. Se fundió el taller que iba a instalar en su propiedad de Wilde. Esto significó la muerte del esfuerzo industrial de dos generaciones, que daba trabajo real a varios empleados. Familias que quedaron sin ingresos genuinos, mientras los políticos decían defender las fuentes de trabajo de una cooperativa que vive de fondos públicos.


Tras 5 años de dolor y paciencia, venció el plazo de la Ley 14.511 y se reanudó el proceso de desalojo. Finalmente, el día 15 de febrero de 2019, se dictó sentencia condenatoria contra la Cooperativa Nueva Generación y contra todo y cualquier otro ocupante que se hallare en el predio objeto de la acción.


La sentencia fue confirmada por la Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora y por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.


Para sorpresa de nadie: Un desalojo frustrado

Así llegó el ansiado momento de ejecutar el desalojo. Luego de una cuarentena que terminó de arruinar al propietario del inmueble, el juez Pablo Ernesto Bocaccia ordenó el lanzamiento, que se programó para 18 de octubre del 2021.


Para esa fecha, el Oficial de Justicia había acordado con la ocupante Alicia Gutiérrez un desalojo pacífico. Sin embargo, Gutiérrez decidió incumplir con su palabra, recibiendo al Oficial y a los autorizados con una patota de más de 50 personas que resistieron con amenazas la desocupación.


La desmedida hostilidad de los ocupantes ilegítimos obligó a la policía a organizar un operativo con multitud de efectivos, previsión de ambulancias y de organismos de minoridad. Más gasto público, a cargo del Estado.


Y más gasto privado, a cargo del dueño de la propiedad, que debió desembolsar una verdadera fortuna para proveer a los ocupantes de fletes y depósitos, para cuidarle sus pertenencias. No obstante, la medida se vio frustrada nuevamente por la política.


Para la política, sólo el delincuente puede ser pueblo

Durante la diligencia judicial se recibieron todo tipo de presiones políticas. Y por impulso de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, presidida por el Dr. Guido Martín Lorenzino Matta, se decidió suspender el desalojo, tirando por la borda todo el esfuerzo y los gastos públicos y privados.


La excusa esta vez fue un jardín maternal instalado en la fábrica, tres meses después de publicada la sentencia de desalojo en contra de los ocupantes.


Al parecer, para la Defensoría del Pueblo de la Provincia, su pueblo defendido sólo incluye a los integrantes del grupo usurpador. A ellos la Provincia de Buenos Aires los reviste de impunidad y recursos estatales, para que desarrollen su tarea, corten calles, tomen inmuebles por la fuerza o por la clandestinidad, y reciban subsidios millonarios.


La Defensoría del Pueblo de la provincia, nunca jamás consideró como parte del pueblo al propietario que defiende su derecho constitucional de preservar su propiedad. Es que, desde su perspectiva, da vergüenza en nuestra nación defender la propiedad legítima, la que se adquiere con el esfuerzo privado, con el riesgo país jugando en contra.


Un país al margen de la ley

Ningún burócrata del Estado exigió el comprobante que acredite la legalidad de la ocupación del inmueble. Si hubiera sido un jardín maternal de un empresario privado, le habrían requerido un millón de papeles, empezando por contrato de locación o título de propiedad. Pero a una cooperativa comandada por una usurpadora no se le pide nada.


En esa tesitura no hay grieta en la dirigencia política. La idea firme que nos gobierna es bastardear el derecho de propiedad (un derecho vergonzante si tiene origen legítimo y legal). La idea firme que nos gobierna es hacer florecer el pobrismo, hasta que la tierra quede arrasada y desértica.


Aplastando el derecho de propiedad, florece el pobrismo.


El propietario afectado confía todavía en la justicia civil. El juez Bocaccia todavía está a tiempo de ejecutar la sentencia firme y, así, recomponer el Estado de Derecho. Al menos por una vez en este país.



Por Samuel Azar & Julián Ianiv Azar, para La Derecha Diario.

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