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La Corte Suprema falló en contra de Farmacity y no podrá estar en Provincia de Buenos Aires

 Es porque en territorio bonaerense las sociedades anónimas no pueden ser propietarias de establecimientos farmacéuticos. 

 Es porque en territorio bonaerense las sociedades anónimas no pueden ser propietarias de establecimientos farmacéuticos. 


La Corte Suprema de Justicia rechazó el reclamo presentado por Farmacity y la compañía no podrá operar en la provincia de Buenos Aires. La firma había pedido la declaración de nulidad de la disposición que impide a las sociedades anónimas ser propietarias de establecimientos farmacéuticos.


La controversia entre la empresa que fundó y presidió hasta 2015 Mario Quintana -ex vicejefe de Gabinete y uno de los colaboradores más cercanos de Mauricio Macri durante su gobierno- y el Ejecutivo bonaerense lleva varios años. El reclamo había llegado finalmente al máximo tribunal, que este miércoles le dio la razón a la Provincia.

La controversia entre la empresa que fundó y presidió hasta 2015 Mario Quintana -ex vicejefe de Gabinete y uno de los colaboradores más cercanos de Mauricio Macri durante su gobierno- y el Ejecutivo bonaerense lleva varios años. El reclamo había llegado finalmente al máximo tribunal, que este miércoles le dio la razón a la Provincia.

El fallo lleva la firma de los jueces Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Martín Irurzun, mientras que la jueza Mirta Gladis Sotelo de Andreu votó en disidencia; los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti se excusaron, y Juan Carlos Maqueda no votó.

Conocida la decisión judicial, la compañía lamentó la decisión y garantizó que la respetará. “Lamentamos el fallo que dificulta a los bonaerenses tener más acceso a la salud tal como era nuestro propósito que, entendíamos, estaba plenamente ajustado de derecho”, dijo en su primer descargo.

Además, aseguró: “Farmacity continuará, con total apego a las leyes y por supuesto, dentro del marco definido por el fallo de la CSJN, invirtiendo y trabajando para llegar a la mayor cantidad de habitantes de la provincia, generando empleo de valor, y colaborando con los distintos actores del sistema de salud para potenciar el modelo sanitario”.

No es la única provincia en la que Farmacity tuvo dificultades para instalarse. Cada vez que intentó hacer pie en algún distrito, prohibiciones, causas judiciales y hasta la intervención de la Corte fueron moneda corriente.

En su último fallo, el máximo tribunal confirmó las sentencias dictadas en instancias anteriores y entendió que “el legislador local ha ejercido sus facultades en forma razonable, basándose en principios de salud pública, ampliando la protección de los pacientes”, según comunicaron fuentes judiciales citadas por la agencia Télam.

También indicaron que “se consideró que la exclusión de las sociedades anónimas como sujetos que pueden ser propietarios de establecimientos farmacéuticos en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, constituye una reglamentación razonable, pues no vulnera la libertad de comercio ni el derecho a la igualdad”.

El objetivo de la compañía era que se aceptara una solicitud genérica para operar en el ámbito provincial y un pedido de habilitación para poner en funcionamiento una farmacia en la localidad de Pilar.


El fallo
Para los jueces Lorenzetti y Highton el planteo “no encuadra en las facultades que el ordenamiento jurídico vigente reconoce como exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación”, al mismo tiempo que no se trata de una “materia expresamente vedada a la provincia, razón por la cual se trata de una competencia de incumbencia compartida y concurrente, lo cual también encuentra base en el principio de aplicación eficaz de los derechos del consumidor ya que la norma impugnada pretende proteger la salud de quienes consumen medicamentos, que constituyen un grupo especialmente vulnerable”.

Además, consideraron no se probó que “la aplicación de la ley provincial entorpeciera severamente la política nacional fijada en la ley 17.565 y los decretos 2284/91 y 240/99″ y concluyeron que “son normas complementarias que pretenden avanzar en la concreción de políticas públicas comunes en orden a la protección de derechos fundamentales de la población y, en particular, de los consumidores de productos farmacéuticos”.

Por su parte, el juez Irurzun, en voto concurrente, afirmó que “las limitaciones impuestas para la habilitación del ejercicio de la actividad farmacéutica no conculcan los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional”.

Según dijo, la ley 10.606 define a la farmacia como un “servicio de utilidad pública para la dispensación de los productos destinados al arte de curar…” y que por eso existe una serie de condiciones que deben cumplirse para desarrollar la dispensa de medicamentos.

La jueza Sotelo de Andreu, en tanto, en su voto en disidencia optó por revocar la sentencia apelada en cuanto declaraba la validez de la norma en cuestión (art. 14 ley 14606 de la Provincia de Buenos Aires). “Consideró que “a pesar de encontrarse frente a una problemática de poder de policía en materia de salud pública, en la cual había facultades concurrentes entre la Nación y la provincia – en las cuales en caso de duda, priman las facultades locales por sobre las delegadas- la norma en cuestión carecía de razonabilidad”.

Según la jueza no se pudo “advertir cuál es la finalidad pública perseguida al excluir a ciertos tipos societarios de la posibilidad de ser propietarios de establecimientos farmacéuticos”, a la vez que consideró que había una “violación al principio de igualdad, al permitir a ciertas personas jurídicas ser propietarias de farmacias y a otras no”.


TN

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