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Justicia reedita demanda colectiva y exige informes

GABRIEL MORINI/AMBITO WEB

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ONG que ganó caso en Corte pidió que no se puedan adelantar los aumentos. Energía tiene 3 días para responder.

A la par de la decisión del Gobierno nacional de no levantar el pie del acelerador en el esquema de aumentos tarifarios previstos para este año, la Justicia federal dio señales de volver a reeditar el capítulo judicial por el tarifazo que en 2016 derivó en un fallo adverso de la Corte Suprema que frenó los aumentos de gas para todos los usuarios residenciales del país. Los protagonistas son los mismos. Ayer, el juez federal de La Plata, Adolfo Ziulu, aceptó tramitar un amparo colectivo presentado por Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis). Y ordenó que en tres días hábiles, el Enargas y el Ministerio de Energía y Minería de la Nación que conduce Juan José Aranguren respondan mediante un informe las motivaciones y alcances del nuevo cuadro tarifario. Ya sea que conceda o no el amparo cuando reciba las respuestas, será la Cámara de Apelaciones platense la que intervenga, con el precedente de haber sido la primera que frenó las subas para todos los usuarios.

Ziulu consideró que "se encuentran reunidos los requisitos necesarios de viabilidad para una acción de índole colectiva". Así dio el primer paso para admitir el amparo que busca frenar los aumentos pidiendo que se declare "la nulidad e inconstitucionalidad de las Resoluciones Enargas 300 a 309 de 2018" porque adelantan el aumento del 40% del gas del 1 de mayo al 1 de abril. A su vez, inscribió el caso en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte, lo que marca que el epílogo de una eventual decisión escalará al Máximo Tribunal. A diferencia del anterior planteo, desde el principio, Cepis delimitó la categoría de clase a los usuarios residenciales, que serán eventualmente beneficiarios de alguna resolución. La fiscalía y Ziulu coincidieron, pero rechazaron dictar una medida interina -como podría ser una precautelar- para frenar los aumentos. Ziulu sostuvo que no se encuentran acreditadas "las circunstancias graves y objetivamente impostergables" para dictarla.

Esta es la tercera demanda promovida por esta ONG, enfocada en este caso al adelantamiento del tarifazo conforme a la legislación vigente. El primer amparo lo terminó ganando en la Corte y dejó precedente para las acciones de clase, lo que hizo que el Gobierno tuviera que volver sobre sus pasos y convocar a audiencias públicas para definir las subas. Pero la segunda demanda todavía no agotó su camino: allí se impugnaba la "razonabilidad" de los aumentos (basada en el fallo de la Corte que así lo establecía) y solicitaba retrotraerlos. El expediente quedó a merced de un conflicto de competencia entre la Justicia federal de Junín y la de La Plata. Esa cuestión ya está en el máximo Tribunal para que zanje qué juez debe hacerse cargo. Pese a que salió del radar, su resolución también puede incidir en la cuestión tarifaria. Sobre este tema, la Corte ya le dio intervención al procurador interino, Eduardo Casal, que debe opinar sobre el asunto.

"El aumento del 40% establecido no puede jamás ser aplicado de manera anticipada, sin respaldo legal alguno", indicó la demanda presentada por Cepis. Sobre esta cuestión girará la definición que la semana próxima podría arrojar novedades.

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