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El Senado de Brasil aprobó una ley clave para el gobierno de Temer

El Senado brasileño aprobó la ley que congela el gasto público en Brasil por 20 años. En el imaginario del gobierno brasileño, esta medida ...

El Senado brasileño aprobó la ley que congela el gasto público en Brasil por 20 años. En el imaginario del gobierno brasileño, esta medida cuestionada por su impacto negativo en salud y educación, es la tabla de salvación. Fragilizado por denuncias de corrupción sobre hombres de primerísima línea del elenco ministerial, el presidente Michel Temer decidió aferrarse a ella como la única salida posible de la crisis política. Con una votación a favor de 53 senadores, la consagración de este proyecto de enmienda constitucional, fue celebrada con júbilo por el jefe de Estado y por el titular del Senado Renan Calheiros.
Es la que congela por 20 años el gasto público. Para el presidente, era la única salida a la crisis política. Duras críticas de la oposición y protestas en las calles.


No era para menos. Los últimos días solo depararon sinsabores tanto a uno como al otro, desde que se conoció el documento con la declaración de un ex director de la compañía Odebrecht donde ambos políticos fueron mencionados como beneficiarios de un esquema de coimas. La Ley del Techo del gasto, como se la conoce en Brasil, debe en verdad entrar recién en vigencia a partir de 2018, año en que deberían ocurrir las elecciones presidenciales. Pero los principales diarios brasileños, entre ellos O Globo, Estadao y Folha de Sao Paulo, decidieron no dar tregua. En sus versiones online todos ellos remarcaron que a diferencia de veces anteriores, ésta se ganó por un “escaso” margen de 4 votos.

Lo cierto es que esta nueva medida, que será sancionada por el presidente Temer antes del fin de semana, desató protestas en las calles de Brasilia. Y ni siquiera es vista como panacea general por los especialista del mercado financiero. Pensada para obtener superávit fiscal suficiente como para saldar la deuda pública federal, la ley de congelamiento no parece conformar a quienes conocen la situación desde adentro. El economista Luis Eduardo Assis, ex director del Banco Central, fue contundente en una entrevista concedida al diario Valor Económico, el viernes pasado: “Lo que consuela al mercado es la votación de esa enmienda constitucional. Pero esta está lejos de ser solución”, declaró. En su visión, fue “ingenuo” de parte del actual Ejecutivo brasileño pensar que después del impeachment “habría una recuperación inmediata de la confianza, y que eso provocaría una recuperación de la economía”. Observó también que “no hay un foco de dinamismo” y señaló que los empresarios “precisan tener un horizonte político más estable” para reanudar las inversiones. Concluyó taxativo que si bien “el ajuste fiscal es indispensable para evitar el colapso”, el “timing económico es absolutamente incompatible con la crisis política” que atraviesa Brasil.

Todas estas advertencias, sin embargo, no parecieron la tarde de este martes ser suficientes como para moderar el auto elogio del gobierno y de los líderes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). El senador Romero Jucá, que preside el bloque de la agrupación en la Cámara Alta, no vaciló al afirmar que ellos tenían “total certeza de la victoria” y que en ningún momento sintieron que podrían perder la pulseada en el Congreso. Para él este triunfo demuestra que “el gobierno tiene los votos para aprobar una enmienda de la Constitución y eso tranquiliza a todos”.

En cuanto a Michel Temer, mostró una amplia sonrisa por primera vez en semanas. Sostuvo que él no va a permitir que Brasil se paralice: “No vamos a dejar que (la crisis) pare el país”. Volvió a adjudicar la inestabilidad política a la “falta de cuidados” de los fiscales que dieron a conocer el texto de la delación de uno de los directivos de Odebrecht, Claudio Melo. “Pedí rapidez en la investigaciones, muchas veces acusatorias. Si salen rápido a la luz, quien fue acusado podrá defenderse”.

Lo cierto es que si para Temer lo que importaba de esta nueva ley era garantizar la gobernabilidad, para muchos sectores de la ciudadanía brasileña será casi una catástrofe. Así lo indicó una encuesta de Datafolha, divulgada el martes por la mañana. En ella, 60% de los consultados rechazaron la enmienda votada por los parlamentarios. Apenas la respaldó 24%. Para el economista de la Universidad de Campinas Pedro Rossi, el congelamiento de gastos por 20 años significa “un desmonte del gasto social. Serán reducidos drásticamente los servicios sociales y Brasil irá a parar a un abismo de desigualdad”.

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