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Más trabas en la Justicia para la discutida suba en las tarifas de gas

El futuro del aumento en las tarifas de gas está en manos de un juzgado platense, cuyas decisiones siguen desacomodando al Gobierno. El lu...

El futuro del aumento en las tarifas de gas está en manos de un juzgado platense, cuyas decisiones siguen desacomodando al Gobierno. El lunes, en el Poder Ejecutivo celebraron que la sala II de la Cámara Federal -la única con un fallo judicial en vigencia- aceptara tratar una apelación del Gobierno durante estos días de feria. Pero ayer observaron con sorpresa que la misma cámara pidió que le giraran las 46 causas de amparos existentes referidas a subas de gas.
En el Gobierno creen que la concentración de esos 46 amparos -con medidas cautelares- le correspondía al juzgado en lo Contencioso y Administrativo N° 5 de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por María Alejandra Biotti. Es más, cuando la sala II de La Plata prohibió los aumentos de gas en todo el país, lo consideraron "desprolijo", porque entendían que el tribunal platense se estaba metiendo en una jurisdicción que no le correspondía, ya que todos los amparos deben estar bajo la órbita del juzgado de Buenos Aires, según los abogados oficiales.

En el Gobierno creen que la concentración de esos 46 amparos -con medidas cautelares- le correspondía al juzgado en lo Contencioso y Administrativo N° 5 de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por María Alejandra Biotti. Es más, cuando la sala II de La Plata prohibió los aumentos de gas en todo el país, lo consideraron "desprolijo", porque entendían que el tribunal platense se estaba metiendo en una jurisdicción que no le correspondía, ya que todos los amparos deben estar bajo la órbita del juzgado de Buenos Aires, según los abogados oficiales.
El Poder Ejecutivo espera que el tribunal platense les conceda un "recurso" para que la cuestión tarifaria sea tratada directamente por la Corte Suprema de Justicia. Se estima que la decisión sobre ese tema se conocerá entre martes y miércoles de la semana que viene.
Si obtiene el buscado "recurso", el Gobierno creía estar encaminado para aplicar el aumento de 400% a los hogares y 500% en los comercios con respecto a sus facturas del año pasado. Sin embargo, ayer, aún sin que se haya resuelto esa cuestión, una fiscal presentó una cautelar para impedir ese posible incremento.
En el sector privado, que está paralizado y sin ingresos porque no están cobrando, graficaban la situación de la siguiente manera. "Hasta ayer, el Gobierno creía que el tribunal de La Plata les iba a decir 'tienen razón, que esto vaya a la Corte'. Ahora, se ven venir un escenario más de 'si, tienen razón, pero...", graficaba un abogado que sigue la cuestión para una compañía. " Y en ese 'pero' podrían haber más obstáculos en el camino del Gobierno que necesita que el aumento avance de alguna manera", agregó el mismo asesor legal.
La Corte Suprema de Justicia todavía no tomó la causa referida a tarifas, pero le estuvo pidiendo información al Gobierno para ir estudiándola. Los abogados del ministerio de Energía y la Procuración del Tesoro están trabajando para notificar al máximo tribunal sobre la situación de los 46 amparos presentados, ya que se encontraban en distintas instancias.
Antes de la prohibición de aplicar aumentos, había amparos en 7 provincias que impedían la aplicación de incrementos. En el Gobierno creían que esas medidas quedaban "abstractas", ya que se referían a las resoluciones de los aumentos que no están más vigentes. El ministerio de Energía modificó las subas, con la publicación de otra resolución durante el martes de la semana pasada. Allí también informó que realizará audiencias públicas.
En distintos estamentos del Gobierno había confianza sobre los pasos que iba a dar la cámara platense. Pensaban que le daría la razón al Poder Ejecutivo y traspasaría la causa a la Corte Suprema. Pero ayer volvieron a crecer las dudas. No estaban claras las razones por las que la Cámara volvía a meter las cautelares provinciales en el pleito.
El lunes, cuando se habilitó la feria, los funcionarios estaban convencidos de que su estrategia judicial iba a funcionar, según lo que se hablaba en dos ministerios y jefatura de Gabinete. Desde ayer ya no hay tanta seguridad sobre la efectividad de la jugada.

MARTÍN BIDEGARAY/IECO

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