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Pagliere, en cruzada contra Juicios por Jurados, tilda a promotores de "primitivos y oscurantistas"

El juez del Tribunal Oral Criminal de Azul que declaró inconstitucional los Juicio por Jurados tiene un flanco abierto contra el sistema. A...

El juez del Tribunal Oral Criminal de Azul que declaró inconstitucional los Juicio por Jurados tiene un flanco abierto contra el sistema. Acusa a los legisladores y a quienes lo promueven de "oscurantistas".
El magistrado que declaró inconstitucional el sistema de Juicio por Jurados es, además de juez del Tribunal Oral Criminal N°2 de Azul, Director y editor de la asociación "Argentina sin Juicios por Jurado". Cuenta también con un blog donde escribe habitualmente y se expresa sobre el sistema en cuestión.

En una de sus últimas publicaciones, Pagliere destaca que "el jurado no es el pueblo ni ha sido elegido por el pueblo: son doce personas que surgen de un sorteo en el padrón electoral. El sistema es primitivo, retrógrado y oscurantista, porque desprecia todo un siglo de moderna ciencia penal para poner el juzgamiento en manos de ciudadanos sin experiencia en los estrados judiciales y más permeables a la manipulación, que tal vez decidan con sentimentalismo, ceguera e irracionalidad".
"El sistema no sólo perjudica a la población, perturba la administración de justicia, procura la impunidad de los delincuentes y discrimina a las víctimas de delitos (o sus familiares), sino que también es caro, lento y fracasado en todo el mundo", arremete.
"Es de resaltar la flagrante violación constitucional al principio de igualdad (art. 16 de la Constitución Nacional) que exhibe la ley 14.543 de juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires (Argentina), ya que coloca a las víctimas de delito en una marcada situación de desventaja procesal", esgrime en una de sus últimas publicaciones, titulada "El Juicio por Jurados discrimina a las víctimas de delito".
Otro de los artículos, directamente apunta al sistema y lo tilda de oscurantísta. "Ello así porque la deliberación secreta, a puertas cerradas y sin fundamentación del jurado inexperto y sin conocimiento en la ciencia penal, promueve la irracionalidad y nos retrotrae a prácticas retrógradas en tiempos oscuros del proceso penal".
Y arremete contra legisladores que aprobaron la modalidad. "Oscurantistas son los legisladores. Ellos obligan a juzgar a ciudadanos que podrán ser muy inteligentes y capaces en lo suyo, pero que no tienen ningún conocimiento de la ciencia penal, ni experiencia en la labor de juzgar. Oscurantistas son los promotores del juicio por jurados. Ellos promocionan un sistema de juzgamiento que es retrógrado y promueve la irracionalidad".

1 comentario

  1. El juicio por jurados discrimina a las víctimas de delitos

    Los promotores del juicio por jurados se preguntan: ¿puede un juez negar al acusado el juicio por jurados? Para responder a esa interrogante, corresponde previamente hacerse otra pregunta: ¿puede la ley conceder al imputado el privilegio de elegir si quiere o no el juicio por jurados (según su conveniencia), sin importar lo que opine el fiscal y la víctima?

    Es de resaltar la flagrante violación constitucional al principio de igualdad (art. 16 de la Constitución Nacional) que exhibe la ley 14.543 de juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires (Argentina), ya que coloca a las víctimas de delito en una marcada situación de desventaja procesal.

    Un principio básico de justicia es que absolutamente nadie (ni el imputado, ni la víctima) pueda elegir al juzgador, para no otorgar una ventaja en cabeza de ninguna de las partes. Pero este principio se destruye con la posibilidad que la ley de juicio por jurados bonaerense le brinda al reo (art. 22 bis, C.P.P.B.A.) para elegir quién lo va a juzgar (si un tribunal o un jurado). Privilegio que, cabe destacar, se le niega a la fiscalía y a la víctima (o su representante).

    Este privilegio otorgado al encausado (y su defensa) para que elija al juzgador de su preferencia coloca en plano de desigualdad frente a la ley a la fiscalía y la víctima. Se vulnera así el principio de igualdad de armas que debe existir en el proceso penal.

    La misma desigualdad ante la ley se aprecia en la facultad que se otorga al juez para anular un veredicto del jurado que aparece como manifiestamente contrario a la prueba producida en el proceso, únicamente cuando éste es condenatorio, pero no cuando es absolutorio (art. 375 bis, C.P.P.B.A.).

    De este modo, si el acusado es condenado a espaldas de lo que surge de la prueba, los jueces deben corregir el desatino. Pero si el acusado es absuelto aunque la prueba indique con toda claridad su culpabilidad, los jueces nada pueden hacer. ¿Acaso no es evidente que lo que se procura no es justicia sino "hacer zafar" al imputado a cualquier precio?

    La afectación del principio de paridad procesal se replica con la facultad recursiva que se le otorga al encausado en caso de veredicto condenatorio del jurado (art. 448 bis inc. “d”, C.P.P.), la cual se restringe a la fiscalía o a la víctima (o particular damnificado) que no puede recurrir el veredicto absolutorio (art. 453, C.P.P.).

    Sólo basta imaginarse a la víctima abusada sexualmente o a los padres de la víctima asesinada que ven que el jurado absuelve al acusado, sin poder saber por qué (ya que el jurado no explica nada), y encima sin poder hacer nada "porque lo que dice el jurado es sagrado y nadie lo puede cuestionar" (siempre que absuelva, ya que si condena el jurado deja de ser sagrado y el imputado sí puede recurrir su veredicto).

    En el fondo, lo que se esconde a la población es que la ley de jurados ha sido hecha a la medida de los delincuentes por los promotores del "garantismo-abolicionismo penal" y que, en consecuencia, discrimina a las víctimas de delitos (y sus familiares).

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    www.argentinasinjuiciosporjurado.blogspot.com

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